ELECCIONES ANDALUZAS 2022. COMENTARIOS SOBRE EL PROGRAMA SOCIAL DEL PSOE.

 

Tenemos elecciones en Andalucía, este blog ha asumido el compromiso de comentar todos los programas de partidos parlamentarios, al menos en sus aspectos sociales. No pretende ser una relación exhaustiva sino un subrayado de los temas más importantes

 

1. LA SALUD Y LOS CUIDADOS SERÁN NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD.

·         Sí a la atención a la Salud Mental. Garantizaremos la atención a la salud mental.

PROPUESTAS:

POTENCIAR LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA.

Con nuestra acción de gobierno:

 • Evaluaremos y actualizaremos el Plan de Salud Mental.

 • Desarrollaremos un modelo compartido de colaboración entre las distintas consejerías, entidades locales y colectivos sociales.

 • Fortaleceremos la Salud Mental Comunitaria.

 • Se pondrán en marcha el servicio de apoyo a la Atención Primaria con psicólogos/as clínicas, que puedan atender y potenciar la primera estrategia del PISMA III, promoción y prevención de la Salud Mental y una nueva estructura de atención y coordinación.

• Realizaremos acciones concretas para dinamizar y dar respuesta a los problemas emergentes de Salud Mental y medidas tempranas encaminadas a dar respuesta a las necesidades actuales y urgentes de la atención a la Salud Mental:

• Refuerzo del personal especializado y no especializado dedicados a la atención a los problemas de Salud Mental, al objeto de mejorar la asistencia y disminuir la espera.

• Reforzar los dispositivos de apoyo a la Atención Primaria con psicólogos/as clínicas que puedan atender y potenciar la primera estrategia de cualquier plan de salud: la promoción y prevención de la Salud Mental, también de la anorexia y bulimia que es un grave problema de salud.

• Redimensionar y crear nuevas Unidades de Rehabilitación de Área estableciendo una cooperación efectiva con Atención Primaria, y adaptar su distribución a la nueva realidad poblacional y de prevalencia de las enfermedades.

• Aumentar la dotación de personal de las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil que permita actuar de manera eficiente y temprana, ante los problemas de salud en estas franjas de edad.

• Incrementar en los próximos 4 años la red de Comunidades Terapéuticas, de tal manera que se pueda dar cobertura de manera equitativa, eficiente, cercana y con calidad a la población afectada por trastornos mentales, conforme a la prevalencia de la enfermedad y la nueva distribución poblacional.

• Aumentar la dotación de profesionales y camas de los Hospitales de Día y las Unidades de hospitalización de salud mental, conforme a la prevalencia de la enfermedad y la nueva distribución poblacional.

• Potenciar con financiación finalista la investigación en el área de Salud Mental, priorizando las relacionadas con las afecciones emergentes o con amplia prevalencia en la población infantil y juvenil.

COMENTARIO:

La Salud Mental adquiere cierto protagonismo en este programa, indiscutiblemente es un asunto de máximo interés. Este blog no tiene conocimientos suficientes al respecto para discutir con propiedad este asunto, aunque es positivo que se haga un planteamiento extenso del mismo.

No hace mención a la Atención Temprana. La AT está a caballo ente Salud y Educación y es una Reivindicación Troncal de nuestro movimiento.

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2. IMPULSAREMOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.

Sí a un sistema educativo inclusivo.

·         Realizaremos una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social.

·         Aseguraremos que los centros que escolaricen alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispongan del personal de atención educativa complementaria, de los medios, de los avances técnicos y de los recursos específicos que permitan garantizar la escolarización de este alumnado en condiciones adecuadas.

·         Prestaremos el apoyo necesario a los centros específicos de educación especial para que, además de escolarizar al alumnado que requiera una atención educativa muy especializada, desempeñen la función de centros de recursos para los centros ordinarios.

·         Implementaremos la LOMLOE, que representa una apuesta clara por la equidad y la inclusión educativa, haciendo un desarrollo profundo de la misma, dotándola de los recursos necesarios.

COMENTARIO:

El tratamiento de la educación especial es correcto. Los Centros de Educación Especial tienen su espacio y su lugar en el sistema educativo que debe ser inclusivo en su totalidad y por tanto dotado de recursos suficientes y adecuados.

 

Sí a la gratuidad de la educación infantil.

Sí a un sistema de formación profesional integral.

·         Regular modelos de Formación Profesional Dual adaptada a las posibilidades de nuestro sistema productivo.

·         Ampliación de los Centros Integrados de Formación Profesional.

·         Incorporar a las políticas activas de empleo la acreditación de la Cualificación Profesional que requiere el puesto de trabajo.

     COMENTARIO

LA FORMACIÓN DUAL tal y como está concebida actualmente no es útil para las personas con discapacidad intelectual.

No menciona un apoyo decidido a la FORMACION DUAL según el MODELO AEDIS DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Es una Reivindicación Troncal de nuestro movimiento en materia de empleo. Que requiere coordinación entre Educación y Empleo.

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3. DESARROLLAREMOS POLÍTICAS SOCIALES INTEGRALES COMO MOTORES DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, CON EQUIDAD E IGUALDAD.

PRINCIPALES PROPUESTAS EN POLÍTICAS SOCIALES:

No hacen mención a la protección a las entidades sin ánimo de lucro, que actualmente están soportando el SISTEMA PÚBLICO frente a la irrupción de macro empresas mercantiles que pretenden controlar este NEGOCIO. Parece tan obvio para PSOE que lo han debido omitir por ello.

 

·         Un plan de choque para alcanzar la “lista de espera cero” en atención a personas con discapacidad en situación de dependencia.

·         Impulsaremos un Plan de Empleo Global con medidas que se orienten a generar nuevas oportunidades laborales a los colectivos más desfavorecidos y ligaremos la inversión pública al fomento del empleo de estos colectivos. 

·         Un “Programa Prevé”, dirigido a la prevención de necesidades de servicios sociales. Garantizaremos la eficacia de los servicios sociales, abogando por un sistema universal de servicios sociales descentralizado y con carácter preventivo con la necesaria cooperación con el tercer sector.

·         Una administración cercana a las personas que lo necesitan más. Nos comprometemos a agilizar y simplificar todos los trámites burocráticos y a eliminar las listas de espera de las prestaciones sociales.

·         La igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando las connotaciones negativas hacia las capacidades o limitaciones de las personas.

Nos comprometemos a:

·         La financiación en materia de servicios sociales con transferencias directas, que permitan dar respuesta a las necesidades de la población, no vinculadas a programas o proyectos, puesto que son servicios básicos de atención a la Ciudadanía. Reivindicamos una mesa de financiación para el sostenimiento del Sistema Público de Servicios Sociales en cooperación con las administraciones locales de Andalucía.

·         El Tercer Sector y el movimiento asociativo tendrán el apoyo de la administración autonómica con el PSOE-A. Durante esta pandemia las entidades se han sentido solas, sin apoyo alguno, y con situaciones complejas hasta el punto de plantearse cerrar los servicios que prestan ante el escaso apoyo recibido por parte de la Junta de Andalucía.

COMENTARIO:

Han perdido la oportunidad de garantizar una financiación del Sistema Publico de Atención a la Discapacidad a precios reales de mercado, así como una actualización anual que contemple cualquier incremento sobrevenido: IPC, SMI, CC, SS, ETC.)

Proponemos que el PSOE distribuya este Twitt:

“ES UNA PRIORIDAD TOTAL PARA ESTA FORMACIÓN POLÍTICA, LA APROBACIÓN DE UNA LEY QUE GARANTICE LA ADECUACIÓN INMEDIATA Y ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL COSTE DE LAS PLAZAS CONCERTADAS EN #DEPENDENCIA A PRECIOS REALES DE MERCADO. BLINDÁNDOLOS ANTE CUALQUIER INCREMENTO (IPC, SMI, CC, SS...)”  280 caracteres.

 

SÍ A LOS PROYECTOS DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Tenemos que seguir avanzando en la protección de las personas con discapacidad. Asumimos el compromiso efectivo de garantizarles atención para garantizarles acceso, en igualdad de oportunidades, a la vida ciudadana y laboral, dignidad, no discriminación, autonomía personal, e inclusión social.

No hacen referencia a la PRIORIDAD DE ASIGNACIÓN DE RECURSO frente a la ASIGNACIÓN ECONÓMICA. Debe prevalecer el interés de la PERSONA frente al de la FAMILIA.

 

Nos comprometemos a:

·         Desarrollar la Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, impulsada por el PSOE-A en 2017, que considera a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, que deben ser garantizados de forma plena y efectiva, tal y como recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

·         Mejorar la accesibilidad universal para que cualquier persona con discapacidad pueda acceder a los servicios públicos, desarrollar su vida sin barreras, con los mismos derechos que el resto de la Ciudadanía, es una obligación de la administración pública que tenemos que hacer realidad. Hemos de avanzar junto a las entidades locales para que nuestros Municipios sean espacios amables y accesibles universalmente, dotando a las entidades locales de recursos para que el acceso a los servicios públicos sea real y efectivo.

·         Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva permanente, gratuita y de calidad. Para garantizar la atención al alumnado con necesidades educativas de apoyo nos comprometemos en diseñar e implantar la Estrategia para la Educación Inclusiva en Andalucía.

·         Reforzar la colaboración con el sector de la discapacidad, a través de la interlocución con CERMI-Andalucía, garantizando la transversalidad de las políticas públicas que implementemos y desarrollando el catálogo de derechos que marca la Ley andaluza de 2017.

·         Impulsaremos las medidas de fomento de empleo para personas con discapacidad contenidas en la normativa, favoreciendo su desarrollo y apostando por el empleo ordinario mediante la reserva de plazas previstas en la Ley.

·         De esta forma aprobaremos “Plan de Empleo Global” con medidas que se orienten a generar nuevas oportunidades laborales a los colectivos más desfavorecidos y ligaremos la inversión pública al fomento del empleo de estos colectivos.

·         Intensificaremos la colaboración y coordinación entre los Departamentos Autonómicos con las competencias en Empleo y Políticas Sociales con los Centros Especiales de Empleo para garantizar su viabilidad y asegurar su financiación de forma ágil, periódica y durante el ejercicio en curso.

    COMENTARIO:

Han perdido la oportunidad de cumplir y PUBLICAR los contratos realizados con CEE de iniciativa social en virtud de la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Si no se cumple, no sirve para nada y si no se publica NO SE CUMPLE. O se cumple de aquella manera

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Programa que podemos definir como correcto pero sin un compromiso suficiente. Tienen mucho cuidado de no utilizar verbos que supongan un compromiso cierto y exigible.

LA DISCAPACIDAD AL PATIBULO

 

Esta película ya le he visto unas cuantas veces, la trama es variable, pero el final es siempre el mismo: Te condenan a muerte sin saber como; el protocolo se va cumpliendo de manera inexorable, en el último minuto llega el indulto y te conmutan la pena por cadena perpetua. Tú mismo, tu madre, familiares, amigos y resto de la humanidad quedáis eternamente agradecidos al prohombre o promujer firmante del indulto, quien en olor de multitud saluda a las masas y muestra a la historia su amplia sonrisa que desprende un destello fugaz.

La discapacidad se muere de miseria; se muere de olvido; se muere de silencio; se muere de paz; se muere de maltrato. Se muere entre manifestaciones de cariño; entre fotos de actos conmemorativos; entre expresiones diversas de solidaridad vacías de contenido. Este proceso también lo he visto unas cuantas veces, te expresan hasta la saciedad el inmenso amor que te profesan, pero te maltratan sin el más mínimo recato, un maltrato tan amargo que requeriría algo similar a un 016.

En este maltrato hay una singularidad curiosa. A todo lo noticiable, se le aplica el marchamo de éxito indiscutible: Leyes y normativas internacionales que por fin consiguen que todas las personas tengan los mismos derechos; leyes que garantizan que los derechos alcanzados sean una realidad pero que no están dotadas de presupuesto; presupuestos que se disipan ante necesidades más imperiosas; Concierto Social al que aplicarle el calificativo de Leonino, avergonzaría al mismo Esopo.

Vayamos al grano. El Sistema Público Andaluz de Atención a la Discapacidad se está muriendo.

·         Representa a 700.000 andaluces; presta servicios a 295.000 andaluces; emplea a más de 32.000 andaluces.

·         Está constituido en un 90% por centros propiedad de entidades privadas sin ánimo de lucro (ONG´s).

·         Las condiciones materiales y funcionales de estos centros están definidas por la Administración autonómica y son inspeccionadas rigurosamente.

·         La financiación de estos centros es pública mediante conciertos con la Junta de Andalucía.

·         Las cantidades que la Junta de Andalucía paga por este concierto están un 35% por debajo del coste real de los servicios prestados. Con esta financiación, el Sistema Andaluz de Atención a la Discapacidad tiene sus días contados.

·         Los escasísimos centros públicos multiplican por 3 el presupuesto de un centro idéntico propiedad de cualquier ONG.

Creo que procede reactivar la eterna controversia de si las ONG´s ¿Son en realidad convenientes atendiendo a su eficacia, eficiencia y la realidad de que abordan actividades vitales, responsabilidad de los estados con mayor efectividad que éstos; o son inconvenientes porque evitan que los Estados aborden directamente sus obligaciones vitales…?

La realidad es que las ONG´s que actúan en España en el ámbito de la Discapacidad, a base de insistencia, trabajo, esfuerzo y determinación han conseguido unos niveles de atención a las personas impensables sin su labor. Pero esta situación tiene el efecto secundario realmente estrafalario. La Administración se siente presionada por las organizaciones que le son imprescindibles para cumplir con sus obligaciones y ante esta amenaza se defiende de ellas, las maltrata y llegado el momento las condena a la miseria y las deja morir.

Veamos el tema desde el punto de vista de la Administración: Alguien realiza con éxito una labor que es responsabilidad mía, es decir, no lo hago yo, lo hace otro mucho mejor y más barato que yo. Lo que a mí me costaría 3,3€, a ellos les cuesta 1€, pero como aun así me resulta caro, les pago solo 0,65€. Como protestan, me molestan y como me molestan, los dejo que se hundan, pero como son tenaces y tardarán en hundirse 3 o 4 años, ya apechugará otro con el mochuelo y asunto concluido.

La Discapacidad es con diferencia la mayor injusticia del Mundo, nunca nadie ha salido de la Discapacidad a diferencia de otras situaciones tremendas de las que se puede salir. Bien es verdad que existen infinidad de situaciones que atrapan de manera vital de las que, verdad es que con dificultades infinitas, se puede salir. Se puede salir de las drogas, de la pobreza, de la marginación… pero no de la Discapacidad.

Termino, de momento uno de los post más amargos de mi vida. Lo que está pasando con la Discapacidad en Andalucía puede sacar  en muy pocos años a las personas con discapacidad de la Sociedad del  Bienestar, donde realmente nunca han llegado a estar, y condenarlos a una subsistencia miserable.

¿Hay alternativas? Afortunadamente las hay pero esto requiere de un nivel de compromiso por parte de la Junta de Andalucía y de su presidente Sr. Moreno Bonilla, que lamentablemente, hoy por hoy, es muy pobre. Se puede garantizar la sostenibilidad del Sistema Andaluz de Atención a la Discapacidad simplemente con un compromiso fehaciente de pagar el precio de coste, sin margen de beneficio ya que las ONG´s no tienen ánimo de lucro; se puede comprender que la situación es tan disparatada que se necesite cierto tiempo para adecuar la financiación a costes reales, pero la SOSTENIBILIDAD no se alcanzará sin un acuerdo firme que requiere un compromiso suficiente.

…Y LO PEOR ES QUE NO APRENDEREMOS NADA.

Soy un convencido de que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, una de mis frases preferidas, seguro que las personas cercanas, me la han oído alguna vez es “…Si, pero ¿hemos aprendido algo?”. Creo que, si somos conscientes y nos tomamos algo de interés, siempre se puede sacar algo bueno incluso de la peor tragedia.

El puñetero COVID-19 nos está machacando de manera desconocida desde hace varios siglos cuando La Peste campaba en el mundo. No es momento de tirar piedras pues dudo que haya ni una sola persona en el mundo que esté libre de pecado, pero cuando esto pase, o al menos nos deje pensar con claridad, sería bueno reflexionar si hemos aprendido algo. Al decir “hemos” me refiero a todos y cada uno de nosotros, desde los dirigentes a todos los niveles hasta literalmente el último mono.

Cada una de las decisiones que se han tomado, dejado de tomar; los efectos que se hubieran podido o no prevenir y las consecuencias presentes y futuras aplican a nivel macro y microscópico. Me explico, se puede pensar que la deslocalización de la producción industrial que, evidentemente destruye los medios de producción locales, es fruto de decisiones de alto nivel cuya responsabilidad supera a responsables políticos y económicos locales y regionales, pero si vamos acercando la lupa vemos como el argumento “es más barato” que parece definitivo nos va empobreciendo a todos en lo físico, económico e incluso moral y ético.

Decisiones como ahorrar en investigación y desarrollo de comunicaciones, terminan en el dominio total de equipamientos chinos que, a través de un argumento económico, acceden al control absoluto del núcleo de comunicaciones a nivel mundial, con el inconveniente de que nadie sabe cómo funciona ni los entresijos internos que solo controla el fabricante sin capacidad de gestión independiente del cliente y usuario final. Ésta y no otra es la esencia del último conflicto comercial EEUU-China. El “Más barato” también ha destruido la industria española de equipamiento industrial o textil, lo  que impide el suministro masivo de material sanitario vital para responder a esta pandemia. La celebrada subasta de medicamentos andaluza que al grito de “más barato” ha paseado nuestra administración, además de un más que discutible éxito terapéutico, ha conseguido desmantelar la, antaño potente industria farmacéutica española, quedando a merced de los proveedores chinos de test rápidos cuya eficacia no requiere comentario.

Sigamos acercando la lupa hasta llegar a cada uno de nosotros de manera individual. Al grito de “más barato” elevamos a Amazon a nivel de monopolio mundial, estando cada vez más cerca el día en que cualquier intercambio comercial se realice utilizando como moneda la Unidad de Cuentas de Amazon, a fin de cuentas si solo hay un proveedor ¿Qué más da? La destrucción del pequeño y mediano comercio y suministrador local y regional, pasará la inevitable factura, es solo cuestión de tiempo.

La clave de todo esto es que las decisiones que tomemos, aparentemente intrascendentes o triviales, tienen consecuencias muy serias. El inconveniente, es que lamentablemente los dirigentes sean locales, regionales, nacionales o mundiales, no aprenden, tienen un ciclo de vida muy limitado, 4 o como mucho 8 años. Éste es su futuro, ahora mismo estarán pensando que esto no se va a repetir en mi periodo de vida útil, como consecuencia de lo cual carece de importancia cualquier toma de decisión cuyos efectos apliquen más allá. El problema que tenemos los ciudadanos de a pie, es que nuestro periodo de vida útil es mucho mayor y nuestras decisiones individuales tienen mayor trascendencia y podemos y debemos aprender.

El día en que compremos el pan en Internet, habremos firmado la sentencia de muerte de las panaderías de barrio, el día en que compremos los perecederos por Internet condenaremos las tiendas de barrio, las mismas tiendas que hoy están llevando al domicilio de quien no puede salir los productos de primerísima necesidad, de la misma manera que ya hemos destruido industrias que podrían haber suministrado con garantías los elementos sanitarios vitales, aunque “Un poco menos BARATO”.

La pregunta  es: ¿Merece la pena mantener estructuras estratégicamente vitales, aunque sean un poco MENOS BARATAS?

La respuesta es: EVIDENTEMENTE SI.

La conclusión: Esto es tarea individual de cada uno de nosotros porque nosotros podemos aprender, los políticos no lo van a hacer.

Por último vamos a leer el futuro: Hay diversas emergencias predecibles, digamos: Cambio climático, superpoblación, estallido migratorio, guerras totales…

Difícilmente se podrá machacar más sobre el cambio climático, pues bien, llegará un día en que no se pueda vivir y el político de turno dirá “Estamos ante una crisis impredecible ¿Y ahora qué hacemos?...No habremos aprendido nada…

DE QUÉ CALLADA MANERA…SE NOS VA MURIENDO ESTO.

El Sistema público de atención a las personas dependientes, debido a su discapacidad, se muere. Se muere por falta de financiación oficial. El Sistema creado a expensas de entidades sin ánimo de lucro que ha demostrado, durante más de cincuenta años, su eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos que permiten que las estas personas tengan la calidad de vida a la que tienen derecho como ciudadanos y que les garantiza la Ley de Dependencia, se muere porque La Administración no lo costea.

Comparemos derechos de ciudadanos:

·         Educación. Todo ciudadano tiene derecho a una educación obligatoria y gratuita durante el rango de edad establecido. El recurso que sustenta ese derecho es la escuela, el instituto y el personal correspondiente. Imagínese que para que los hijos ejercieran su derecho a la educación, los padres tuvieran que asociarse y construir la escuela a sus expensas. A partir de ahí, La Administración solo pagara el 75% del coste de explotación.

·         Sanidad. Imagínese el mismo proceso. Los padres de asocian, construyen y dotan el hospital, contratan a los médicos y a partir de ahí La Administración paga el 75% del coste.

·         Dependencia. No hay que imaginarse nada. El sistema funciona así. Las asociaciones de padres soportan la construcción, el equipamiento y tienen que asumir el déficit de explotación ocasionado por la infrafinanciación oficial.

El desenlace es evidente, este sistema público que libera al Estado de la inversión y cuya gestión privada ahorra el 75% del gasto (no es una errata), respecto al mismo servicio gestionado públicamente, se muere a causa de la miseria oficial.

Lo curioso del caso es que esto parece no importarle a nadie, ni siquiera a los propios familiares de las personas con discapacidad que, con nuestro silencio, somos cómplices de este disparate.

Volvamos a la comparación anterior:

¿Permitiría usted el cierre, por falta de financiación, del colegio al que va su hijo?

¿Permitiría usted el cierre, por falta de financiación, del hospital donde asisten a su familia?

¿Permitiría usted el cierre, por falta de financiación del centro donde atienden a su hijo con discapacidad?

La conclusión es evidente: “El derecho de mi hijo está en riesgo, ¡Que no sea de esta callada manera!”. Es urgente plantar cara a esta desidia oficial.

Nuestra reacción debe ser inmediata, rotunda, firme y permanentemente estrepitosa. Nuestras clases dirigentes que promueven, de callada manera, la muerte del sistema público de atención a las personas con discapacidad, no podrán soportar hacerlo de estrepitosa manera.

   

CONFLICTO MES DE AGOSTO… La última tropelía de la Junta de Andalucía hacia la discapacidad.

La Administración andaluza sigue recortando a quien considera más débil. Lamentablemente es un proceso permanente con el que pretenden ir eliminando un sector de ámbito social que presta un servicio público de vital importancia, en favor, y ojalá me equivoque, de un sector privado puro donde el beneficio sea el único argumento.

Intentaré explicar la situación de la manera más concisa posible.

Los centros de atención a personas con discapacidad, funcionan en régimen de “CONCIERTOS” con La ADMINISTRACIÓN (JUNTA DE ANDALUCÍA). Este concierto es un contrato mediante el cual, La ADMINISTRACIÓN que es la responsable del servicio, paga una cantidad estipulada a empresas privadas (Asociaciones sin ánimo de lucro en su gran mayoría) para que presten el servicio al que tienen derecho las personas con discapacidad en virtud de la Ley de Autonomía Personal.

Uno de los servicios sujetos a este modelo de CONCIERTO, es Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional. Este centro presta el servicio adecuándose a las normas y reglas de calidad exigidas por La ADMINISTRACION. El modelo de CONCIERTO está vigente desde el año 1996. Desde entonces, los precios y los requerimientos del servicio han ido evolucionando por dos líneas independientes y divergentes. (Con frustrantes intentos, por parte de las entidades prestadoras del servicio, por negociar unos precios razonables y acordes con los precios de mercado). La ADMINISTRACION ha ido fijando precios según el criterio presupuestario, es decir: “Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas”(O firmas, o te quedas fuera del sistema público); a la vez que iba añadiendo condicionamientos sobre servicio y calidad sin considerar su efecto en los costes reales.

La situación, que tendría detalles y anécdotas para llenar cientos de hojas, se reduce a:

Coste actual del servicio reclamado por el prestador de servicio  767,56 €/persona y mes.

Precio pagado por La Junta de Andalucía……………………… 667,72 €/persona y mes.

Ahorraré detalles sobre cómo las entidades sobreviven cobrando menos de lo que gastan, pero sobre todo, lo hacen realizando ejercicios de miseria, no ya de austeridad y comiéndose su patrimonio, es decir gastando las amortizaciones contables en el día a día además de otras diversas maniobras que, a la postre, dejan lo que es un derecho de la persona con discapacidad, al albur de inciertas gestiones de buena voluntad de terceros.

Ahora viene la última tropelía de la Administración Andaluza. El CONCIERTO vigente ha venido incluyendo un mes de vacaciones. Durante el mes de agosto, personal y usuarios disfrutan sus merecidas vacaciones. La Entidad da cumplimiento al convenio colectivo que marca las horas de trabajo efectivo y los usuarios pasan un tiempo en su casa de manera similar a lo que ocurre en el ámbito de la educación, donde se respeta el periodo vacacional.

La maniobra de la JUNTA de ANDALUCÍA es “Si el centro cierra por vacaciones, ese mes no se paga”. El cómo se hace esta maniobra lleva implícita la premeditación y la alevosía. Se empieza poniendo a las entidades un contrato en el que se exige abrir en agosto, bajo la argumentación potente de normativas de Europa y recomendaciones de obligado cumplimiento, a la vez que se proclama de manera rotunda que no hay que preocuparse puesto que se tiene la voluntad de pagar las 12 mensualidades y se está buscando un método para hacerlo a pesar del contrato firmado. (Cualquier desconfianza de las entidades, queda procesada de acuerdo con el procedimiento de “lista negra” y “arrieritos somos”). La cosa funciona durante un par de años a trancas y barrancas, hasta este año en que: “si has cerrado agosto, no cobras”. La excusa es de manual del Inútil e incompetente (La Aplicación no lo permite y además sería ilegal y por tanto PREVARICACIÓN). Aún hay más “Si no facturas agosto a cero euros, tampoco cobrarás septiembre, ni octubre, ni….”

Las protestas que esto genera en las entidades perjudicadas son procesadas en modo “callada oficial por respuesta” y alguna ambigua declaración de intenciones positivas con el objetivo evidente de que el perjudicado se dé por vencido y asuma un nuevo RECORTE, ”otro más”, sin protestar.

La realidad es tan clara que el mero hecho de no entrar en la discusión declara la mala voluntad de la parte contratante de la primera parte.

1º) El servicio prestado de acuerdo con las especificaciones que exige el pagador, vale 767,56 €/mes. (9.210,72 €/año). Las entidades están cobrando 667,72 €/mes. (8.012,64 €/año).

2º) Si el servicio no incluye el mes de vacaciones y requiere abrir 12 meses, el precio se incrementa en 767,56 € (9.978,28 €/año). Las entidades facturarían a precio oficial de hoy 667,72 € más (8.680,76 €/año).

3º) No hace falta meter a los abogados a buscar entresijos legales para pagar un coste real, SOLO HAY QUE ADECUAR EL PAGO AL COSTE. Es irrelevante si pagan de una vez o lo hacen en 11 o 12 plazos. Es un tema de ética y honestidad, no es un problema legal. Es puramente económico. No se trata de argumentar si el derecho de la persona es de 11 o 12 meses. La cuestión es si La ADMINISTRACIÓN lo paga o no lo paga.

4º) Ante la desconfianza generada, algunas entidades han abierto el mes de agosto con lo que asumen un mes más de gasto ya que el convenio exige las vacaciones del personal (Todo el personal cobra 12 meses pero trabaja 11, hay que contratar personal para otro mes). Es decir: Presumiblemente cobrarán 12 meses de 13, frente a los que no abrieron que cobrarán 11 meses de 12.

5º) Todo este tinglado se reduce a escamotear a las entidades un 8,3% (Si han cerrado agosto) y un 7,7% (si han abierto agosto). Cualquier argumentación al respecto por parte de la JUNTA de ANDALUCÍA, es una ofensa a la inteligencia, un atentado a las entidades prestadoras de servicio (que ya están en déficit) y lo peor, otro RECORTE a los derechos y dignidad de las personas con discapacidad.

6º) Semejante tropelía se la hacen a quien suponen incapaz de defender lo suyo. En este caso sería aún más grave, ya que las entidades no solo defienden lo suyo sino que están defendiendo la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.

Nadie, en su sano juicio que haya leído hasta aquí pensará que el sector de la discapacidad sea capaz de asumir esta situación sin llevar su protesta al nivel que sea preciso. Esta tropelía es una más y de llevarse a término por parte de La Junta de Andalucía, marcará el futuro de La Discapacidad. Cualquier cosa que seamos capaces de negociar en el futuro quedará lastrado por esta rémora. Las personas que tenemos alguna responsabilidad en el movimiento asociativo, no podemos consentirlo. ¡No lo vamos a consentir!

TRABAJO Y DISCAPACIDAD; MODELO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO; CONTROVERSIA PERVERSA SIN VS CON ÁNIMO DE LUCRO.

Nos toca hoy salir al paso de un tema de infinita controversia que afectará de manera definitiva al modelo Centro Especial de Empleo que ofrece posibilidades reales de empleo a unas 100.000 personas con discapacidad en España.

Para centrar el asunto hay que exponer varios conceptos previos.

1.    .   El trabajo es un derecho constitucional sin letra pequeña. En ningún momento ni bajo ninguna condición, se establecen excepciones. Es por consiguiente obligación del Estado, ofrecer opciones reales de empleo para toda la población.
2.        Para las personas con discapacidad, el empleo absolutamente normalizado es un mito. En la empresa convencional nadie los quiere.
3.      .    Existen dos modelos de empleo diseñados específicamente para personas con discapacidad.

a.       EMPLEO CON APOYOS, que requiere que una empresa convencional desarrolle ciertas estructuras específicas para este fin.

b.      EMPLEO PROTEGIDO, que establece un modelo de empresa especialmente concebida para emplear a personas con discapacidad. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO.

4.       Hay que admitir que el hecho de que pueda existir algún ejemplo loable y admirable, en ambos modelos, cuyo funcionamiento se pueda calificar como éxito rotundo, no pasa de la mera anécdota, cuya realidad quedará en el ámbito del medallero, sin efecto alguno en las cifras oficiales de empleo. Ambos modelos y todos sus ejemplos tienen luces y sombras sobre las que intentaremos hacer las suficientes aclaraciones.

En este momento se discute acaloradamente sobre el modelo Centro Especial de Empleo. No es de actualidad ni noticia el Empleo con Apoyo por la sencilla razón de que no ha dado el salto a mentideros económicos ya que su dimensión es irrelevante. La  empresa que asume este modelo,  lo hace en el área de Responsabilidad Social Corporativa, contabilizado como gasto en imagen y no como coste laboral. Por otra parte el número de empleos generado de este modo y el montante económico del esfuerzo total realizado, es estadísticamente despreciable. Como consecuencia de lo cual, este modelo está en fase de infinita discusión iniciática.

Se podría hablar de definición del modelo, se podría poner a pensar a los elementos patronales que generan empleo, se les podría plantear el problema para que ellos fueran los que determinaran las condiciones para que este modelo les fuera de interés y que ellos fueran, en colaboración con los órganos representantes de la discapacidad, los que diseñaran un modelo de éxito. Esto solo requeriría de la primera condición, imprescindible en cualquier proyecto, INTERÉS.

El modelo Centro Especial de Empleo está en una situación bien distinta, por motivos incontrolables de manera oficial, ha llegado a instalarse en los mentideros económicos, ya no es una anécdota, sino que representa una entramado económico significativo, constituido por miles de empresas con decenas de miles de empleos y una contribución de varios puntos a la economía del país. Curiosamente, un modelo diseñado hace casi 50 años y que no se ha retocado desde entonces, y que fue definido con visión anecdótica, ha traspasado dicho ámbito y se ha instaurado en la economía oficial.

Las administraciones públicas competentes de este país nos tienen acostumbrados a acometer ciertas disfunciones de la manera más pintoresca y extravagante posible, sin entrar en la auténtica causa o esencia del problema. Me explicaré con un ejemplo reciente que, aun no aportando sobre el tema que nos ocupa, ilustra ampliamente. Recientemente el Tribunal Supremo desmantela el sistema de becas del País Vasco por el curioso motivo de que al ser ampliamente superior al del resto del Estado, atenta contra el sagrado principio de la igualdad de oportunidades. Parece que no se le ha ocurrido a nadie, discutir si el sistema de becas general es mejorable, retocable, o simplemente razonable. Parece que lo justo es establecer tabla rasa al nivel más pobre. Probablemente mi opinión al respecto sea delito en si mismo, pero tengo que decirlo. ¡Vaya gilipoyez!

Al hilo de este ejemplo, veamos cómo se establece una controversia respecto al modelo CEE, sin entrar en la esencia del mismo, poniendo sobre la mesa argumentos políticamente correctos, que hacen pensar al común de los mortales (que no dominan la cuestión en detalle) que la postura oficial está cargada de razón.

El modelo Centro Especial de Empleo se definió en 1982 en un apartado de la LISMI, aún no derogada, aunque si sometida a varios procesos de corta y pega que actualmente incluyen esta misma definición en un compendio de normas llamado Texto Refundido….Donde se establecen unas pocas condiciones que, evidentemente deben retocarse ya que se han mostrado claramente insuficientes o inadecuadas. Ante las insistentes voces que reclaman la redefinición del modelo, la respuesta oficial es evitar entrar en la esencia del problema, modificando normas diferentes que afectan de manera indirecta la situación de los CEE, alterando la esencia del modelo, en favor de intereses no suficientemente explícitos, aportando razones inadecuadas o perversas, explicadas de manera torcida. Conseguir los objetivos de estas acciones, definiendo con precisión los motivos reales, sería tan políticamente incorrecto que generaría oleadas de protestas desde todos los ámbitos de la población.

Seamos más claros. El modelo CEE define ayudas a la creación y mantenimiento del empleo de personas con discapacidad. Esto no parece que requiera mucha justificación, pues es fácil concebir que la discapacidad del trabajador provoca una disminución en la productividad que parece obvio compensar económicamente. El estado asume esta compensación con un esfuerzo económico no previsto en el diseño de algo anecdótico, que ha llegado a ser presupuestariamente excesivo, dada la proliferación de CEE´s. A pesar de lo cual la tasa de empleabilidad de personas con discapacidad en España está 40 puntos por debajo de la del resto de la población.

Ahora viene lo pintoresco, estrafalario o perverso. La solución de este problema principalmente presupuestario, se acomete desde este punto de vista simple pero claro: No hay dinero para todos; establezcamos condiciones o prioridades; dejémonos aconsejar por entidades solventes; vendamoslo bien vendido, porque de lo contrario nos encontraremos con reacciones adversas, publicidad mala.

Cuando se presupuesta insuficientemente y a sabiendas una partida económica, se desencadena un proceso bien conocido que podríamos llamar “Cumpleaños infradotado”. Invite usted a los 10 mejores amigos de su hijo al cumple y ponga solo siete pasteles, la pelotera es inmediata y segura, no solo cuatro de los invitados se quedan sin pastel, sino que, con suerte, en la refriega, sólo se escalfarán otros tres pasteles, con lo que serán siete los invitados que ayunarán y se irán para casa enfurruñados.

Llevado al caso que nos ocupa, si no hay presupuesto para subvencionar a todos de acuerdo con la legislación vigente, hay que establecer a quién sí y a quien no. Para ello nada mejor que dividir los CEE en buenos y malos o prioritarios y no prioritarios, y para ello hay que aportar argumentos vendibles. El hecho de que sean reales, imaginarios, legítimos o perversos carece de relevancia, se trata de que superen el juicio de la opinión pública sin reparos y nada como cargar las tintas en el dinero, para motivar al vulgo. Convence a alguien de que por la vía de sus impuestos, se favorece a los ricos y ya tenemos casi todo el camino recorrido.

Con estos mimbres, se acuerda de manera tácita o explícita, por los poderes representantes del Estado y los más potentes de la Discapacidad, catalogar a los CEE en virtud de su ánimo o no de lucro. Sabido es que solo la mención de que se pudiera ganar dinero participando en un tinglado en el que las subvenciones son significativas, incluso ganar mucho dinero, produce la misma repugnancia en la sensible opinión pública, como que se pueda ganar dinero con el esfuerzo de la clase trabajadora. La garantía de aceptación pública evita tener que entrar en discusión y por tanto aportar argumentos rigurosos. El apoyo de los partícipes mayoritarios, garantiza el sosiego de los afectados.

Todo estaría bien, si no fuera porque es mentira, es el modelo CEE el que hay que retocar y para ello no hay más remedio que ir a la esencia del problema. El modelo no se ha establecido para ganar o no ganar dinero, esta circunstancia está completamente legitimada en nuestro modelo de sociedad, puede que admitiera discusión en Cuba o Corea del Norte, pero no aquí. La auténtica clave de la cuestión es si el modelo CEE cumple la función para la que se ha creado, o replica la situación de las empresas convencionales que no quieren ni ver a las personas con discapacidad. Los que defendemos a las personas con discapacidad, sabemos que dentro de la discapacidad hay personas especialmente afectadas que sufren discriminación laboral dentro del propio entorno de la discapacidad. Concretamente: Personas con discapacidad Intelectual, enfermos mentales y personas con grandes discapacidades físicas. Los que defendemos a las personas con discapacidad, no podemos asumir un modelo de empresa que, bajo el pretexto de la discriminación laboral que sufren las personas con discapacidad, discriminen ellas mismas a las personas con más discapacidad, este modelo sólo replica el modelo de empresa convencional y el baremo  CEE, no las legitima.

Nos encontramos con gran parte del entorno de la discapacidad que en armonía con estamentos oficiales, declaran  malos los CEE que cumpliendo estrictamente las reglas de juego, son de iniciativa privada frente a los que cumpliendo también las reglas de juego, provienen de iniciativa social, como si el problema de empleabilidad de las personas con discapacidad fuera la intención económica de su empleador.

Todo el entorno de la discapacidad tanto en España como en todo el mundo civilizado defiende el paradigma “Toda persona es singular y diferente; toda persona tiene idénticos derechos y obligaciones”. En asuntos laborales no se invoca el paradigma, negándose abierta y violentamente a que se apliquen criterios individuales a cada trabajador. Se criminaliza a quien participa del modelo con iniciativa privada, exponiendo su patrimonio, economía y bienestar, ofertando opciones laborales reales a personas con discapacidad, pero no se criminaliza, ni siquiera se menciona a quien desde una iniciativa social, replica los modelos discriminatorios para aquellas personas con especiales dificultades de empleabilidad. Aun más claro, un CEE que solo contrata personas con la discapacidad mínima subvencionable (33% de discapacidad que tiene la misma ayuda que otra del 50, 60 o 70%) será bueno o malo según su origen y no según su ejecutoria.¿Ridiculo, falso o perverso?

Recientemente hemos tenido la oportunidad de vivir en primera fila la gran batalla laboral de la discapacidad. El resultado de esta batalla, que aún está coleteando, marcará el futuro laboral de las personas con discapacidad, llevándonos a más de lo mismo o aportando aire fresco e ilusión a la discapacidad. Las negociaciones y firma del XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Hemos participado en un proceso en el que la clave del empleo en personas con discapacidad, ha pasado inadvertida para el gran público, pero ha supuesto un elemento de tremenda frustración para los que, de algún modo estamos vinculados e este asunto. En la parte referida a los CEE, la figura del operario con grandes necesidades de apoyo, solo ha sido defendida por la patronal AEDIS, que al final ha firmado el convenio en solitario, ante la negativa rotunda de otras patronales a admitir la figura de dicho operario.

Las claves son:

•          La administración dota insuficientemente las ayudas a CEE, con lo que tenemos la pelotera “Cumple infradotado”
•          Los CEE que no quieren ni ver a operarios con grandes necesidades de apoyo, ven perjudicados sus intereses, pues si no hay para todos y otros se llevan más, interpretan que a ellos les toca menos.
•          Como no pueden defender públicamente que ellos también discriminan, derivan la cuestión a terceros, y ¿quién mejor que los que quieren ganar dinero? Si ellos son los que pierden, es posible que yo no pierda…
•          La Administración competente, encantada de la vida, mientras se están peleando la cosa va bien, no existirá una reivindicación seria.
•        Las patronales no firmantes del convenio, no dicen ni pío sobre la figura del operario con grandes necesidades de apoyo. Podría vérseles el plumero, aludiendo motivos diversos para justificar su desacuerdo.
•          Las organizaciones defensoras de las personas con especiales necesidades, vemos como se escribe con renglones torcidos el futuro de estas personas con el beneplácito del resto del mundo.

PROPUESTA:

Dejemos de engañar, hablemos de empleo con franqueza. Definamos modelos donde el protagonista y destinatario sea la persona. Modelos realistas, dignos y eficaces tanto para empleo con apoyos como para empleo protegido. Sentemos en la mesa a todos los que puedan aportar algo desde todos los puntos de vista: Empresa, Administración, Discapacidad. Hagamos que se cumplan las reglas de juego, castiguemos a quien incumpla… y que Dios reparta suerte. Si ganas dinero en este juego, magnífico y si pierdes, cierra el tinglado; si te lucras, perfecto, y si reinviertes, mejor siempre que cumplas el objetivo de emplear personas con discapacidad y no discrimines.

Dejemos de buscar excusas en lugar de razones y argumentos, solucionemos este asunto ya. La clave no es el origen privado o social del CEE, la clave es si se contrata o no, a los que debido a su discapacidad son, en realidad, indeseables laborales (personas con discapacidad Intelectual, enfermedad mental o gran discapacidad física). Esta realidad la esconderán bajo cualquier tipo de excusa, aquellas patronales, centros u organizaciones que, de ser francas, no podrían mirar a la cara a la Discapacidad y tendrían un lugar muy distinto en la consideración pública.

Respuesta al artículo de Víctor Villar Epifanio. "Los Centros Especiales de Empleo: El negocio de la trampa"

Los Centros Especiales de Empleo: Dudoso negocio, no hay trampa y se crea empleo.

A veces ocurre que se da por sobreentendida la autoridad en la materia de quien la justifica en una situación personal que parece obvio que la tiene. Sin embargo, solo a veces, encuentras artículos que hablan de algo que conoces en profundidad, y es en estas ocasiones cuando descubres que quien escribe y se define como experto en la materia, hace una presentación descabellada y aún más, aporta sentencias tan rotundas que se quedan en el subconsciente, y terminan saliendo con alusiones a supuestos expertos. Así la historia está llena de sentencias tabernarias que todos hemos manejado con más o menos empeño. Algunos ejemplos son especialmente dañinos porque se asientan en esos momentos de medio en broma, medio en serio que resultan inmunes a cualquier razonamiento concreto y documentado. Vayan por delante ejemplos concretos que ilustran este desgraciado ranking de chorradas universales: Los políticos son ladrones; las rubias son tontas; los andaluces no trabajan; los calvos son listos; o los Centros Especiales de Empleo son un negocio de tramposos.

Tengo que salir al paso de un artículo  de opinión publicado en Diario 16 el pasado 1 de mayo, firmado por Víctor Villar Epifanio, titulado: "Los Centros Especiales de Empleo: El negocio de la trampa". En el que, aportando su discapacidad como elemento objetivo de conocimiento, el autor expone sus opiniones sobre el modelo Centro Especial de Empleo, empresas en las que trabajan a día de hoy más de 100.000 personas con discapacidad en el estado español.

Empezaremos por una declaración de principios: Los que de algún modo participamos en la inclusión laboral de personas con discapacidad partimos de una base que suponemos compartida por todos, con independencia del modelo que defiendan: “Toda persona tiene derecho a disponer de opciones laborales reales de acuerdo con sus capacidades. Por otro lado toda persona que por su discapacidad requiera apoyos específicos de la Sociedad en su conjunto, tiene derecho a recibirlos. Toda persona que reciba unos apoyos específicos de la Sociedad tiene el deber de devolver a La Sociedad los esfuerzos recibidos, en la medida de sus posibilidades y por tanto también está sujeta a la obligación de trabajar.”

El Sr. Villar aporta citas textuales de la normativa vigente al respecto de los CEE, sacando conclusiones que, en mi opinión, son gratuitas y erróneas. Me ceñiré al orden establecido por el Sr. Villar, intentando dar una información real sobre los Centros Especiales de Empleo.

La primera falacia del Sr Villar es:

” En primer lugar, tanto la LISMI como la nueva Ley General de Discapacidad (LGD) habla que el objetivo principal de los CEE es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales, y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.” No que funcionen como empresas productivas.

Aquí omite parte de la definición inicial de CEE “Realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado”.

Esto nos lleva un error garrafal respecto a la percepción del CEE:

Los buenos son los que pierden dinero, pues eso garantiza la pureza filosófica del modelo “No se puede ganar dinero a costa de las personas con discapacidad” puesto que la esencia es reinvertirlo todo en generación de empleo. Quizás quede un poco cogido por los pelos, pero aplicado a  MERCADONA, no podría ganar dinero a costa de la explotación de sus trabajadores…

El concepto empresa productiva no es opuesto a empresa que proporcione trabajo a personas con discapacidad, el término productiva es opuesto a empresa improductiva. Un Centro Especial de Empleo se define como especial, porque presta una serie de apoyos a sus empleados dentro de lo que se denomina Ajuste Personal y Social. El Centro Especial de Empleo es una empresa con el mismo criterio de solvencia que el resto de las empresas, con la necesidad imperiosa de dar beneficios, sin los cuales sería una empresa en pérdidas y por consiguiente inviable e insostenible.

Segunda falacia:

“Vamos a mencionar también la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público en su Disposición adicional cuarta. Contratos reservados. Dónde las entidades que “supuestamente” representan al colectivo se lo han currado bastante bien para seguir lucrándose a costa de este colectivo.”

La reserva de contratos a CEE de iniciativa social (Aquellos que reinvierten todo el posible beneficio en la misión de generar oportunidades laborales para personas con discapacidad) presenta serios problemas para su ejecución. A saber:

•        No establece un mínimo de referencia y no hay obligatoriedad de publicar resultados

•        No pasa nada si no se cumple. No existe un órgano que inspeccione o persiga su cumplimiento.

•      Contiene lamentables vías de escape como los códigos CPV, que reduce la reserva a “ciertos contratos” que “se supone” es posible reservar…

Esto permite que una determinada Administración Pública proclame el éxito de haber reservado el 15% de sus contratos para CEE´s, cuando en realidad puede haber contratado unos 500 € anuales.

Tercera falacia.

“Aquí habría que mencionar también las operaciones vinculadas que se dan entre las ONG´s propietarias de CEE, que reciben subvenciones para ejecutar programas destinados a Personas con Discapacidad, el presupuesto de toda subvención consta por un lado costes personal y coste destinado a las actividades, el coste destinado a las actividades es facturado por su CEE, en definitiva el dinero se queda en casa. Vuelvo a insistir que las entidades que representan al colectivo actualmente, lo tienen bien montado.”

Esto indica un desconocimiento profundo. Las subvenciones para programas deben ser justificadas íntegramente en ejecución de dichos programas. Estas cantidades vienen del área social, habitualmente del 0,7%  del IRPF y se distribuyen a través de las consejerías de asuntos sociales de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia social, se licitan en régimen de competencia y se deben justificar al 100% en la propia ejecución del programa. Otro tema es la subvención del 50% del SMI que se transfiere a través de las consejerías de empleo que tienen acceso a fondos sociales europeos y a presupuestos estatales de políticas de empleo. Hay pues una diferencia notable y no deberíamos confundir la ONG con el CEE, no tiene nada que ver la gestión de una ONG aunque pueda ser propietaria o promotora de un CEE, con la gestión de un CEE.

 ¿Deberíamos sospechar  algún negocio turbio por el hecho de que un Ayuntamiento   utilice fondos de promoción y fomento de empleo dando preferencia en los contratos de suministro a empresas locales?¿Habría que interpretar que de hacerlo así, se beneficia doblemente y por tanto “Lo tiene bien montado”?

Cuarta falacia.

“Analicemos, siendo buenas personas y aceptando el anterior concepto como personal de apoyo, que 30% puede ser el de las personas sin discapacidades. En ese aspecto vemos que la Profesora Vanessa Rodríguez, de la Facultad de Economía y Empresa Universidad de Oviedo  en un estudio nos dice que, en los CEE, el personal con discapacidades cobra 36€ al día, mientras el personal sin discapacidades cobra 47€ al día (11€ más al día, aproximadamente 330€ más al mes).”

Ciñámonos a un CEE concreto. Las tablas salariales no se establecen en función de la discapacidad del operario sino en función del puesto, como en todos los convenios, así pues, el contable cobrará lo que establece el convenio, con independencia de que tenga o no discapacidad o del tipo de ésta. Distinto sería hablar de brecha salarial, que intuyo es a lo que refiere la Profesora Rodríguez, a cuyo estudio le suponemos la precisión, aunque esta brecha debería ser tratada de manera paralela a la brecha real entre los salarios masculinos y femeninos, cuya causa difícilmente se pueda achacar al modelo de empresa sin que en ello participe el modelo social de nuestro entorno económico.

Tampoco podemos culpabilizar al modelo CEE de las carencias sociales o de la simple realidad que sitúa a las personas con discapacidad en los niveles más bajos de capacitación profesional. Sin que yo pretenda trivializar los inconvenientes que para una persona supone una discapacidad de cualquier tipo, no podemos tratar el CEE sin establecer unas condiciones de contorno adecuadas, éstas son, y así hay que decirlo por dolorosas que sean:

1.    Hay muchas personas con discapacidad, que venciendo dificultades excepcionales, alcanzan una cualificación profesional muy alta. Estas personas no necesitan Centros Especiales de Empleo, se integran en el mundo laboral convencional aun pudiendo necesitar apoyos puntuales.

2.     Hay personas con discapacidad que por las limitaciones inherentes a su discapacidad o por otras causas, no adquieren un nivel de cualificación profesional mínimo o que, aun teniéndolo, no tienen oportunidades laborales reales y están en franca desventaja frente a personas de su misma cualificación que no tienen discapacidad.

3.     Hay discapacidades que, lamentablemente eliminan cualquier oportunidad laboral para quien las tiene. Las personas con estas discapacidades tienen especiales dificultades de empleabilidad. Literalmente “Nadie las quiere”. Nos referimos a Personas con Discapacidad Intelectual; Personas con Enfermedad Mental y Personas con grandes discapacidades Físicas.

Para las personas incluidas en los puntos 2 y 3, hablar de oportunidades laborales reales sería mentir si no existieran los CEE. Podríamos estar hablando hasta el infinito de la ortodoxia de la inclusión laboral en empresas convencionales, pero la realidad de un trabajo continuado de más de 30 años empeñando esfuerzos de similar intensidad en la vía de la integración en empresa convencional (Empleo con apoyos) y la vía de CEE (Empleo protegido) da unos resultados palmarios. Empleo fijo y estable 1 contra 30. (Hemos eliminado cualquier tipo de anécdota laboral. Una hora a la semana; dos meses a tres horas semanales, etc…).

Quinta falacia.

“Vemos claramente como las entidades que representan a este colectivo insisten en que los CEE sigan funcionando como empresas productivas, consiguiendo contratos reservados y aplicando el convenio colectivo de los Centros Especiales de Empleo, no el convenio colectivo que le correspondería por trabajar en una Administración Pública.”

El convenio colectivo establece las relaciones entre la empresa y los trabajadores, se negocia entre representantes legítimos y se publica en el BOE, momento a partir del cual es ley y de obligado cumplimiento. Este convenio establece unas reglas de juego que, pueden parecerle inadecuadas al Sr. Villar, como le podrían parecer inadecuadas las de otro u otros sectores. La solución de estas percepciones, no deben venir de las opiniones externas sobre la aplicación de tal o cual convenio colectivo, sino del proceso de negociación del convenio que se realiza entre partes que, al contrario del Sr. Villar, si conocen la realidad y particularidades del sector. No puede usted criminalizar a las empresas que cumplen el convenio colectivo, incluso si dicho convenio no le gusta.

Las conclusiones sacadas por el Sr Villar* sobre la empresa Snacks Castilla y León, son bastante cuestionables, “sin necesidad de ser un genio” en la empresa Snacks Castilla y León, seguro que el gerente cobra más que la persona que limpia los cristales, concluir de ahí que el gerente no tiene ninguna discapacidad y que los demás si la tienen, es erróneo. Concluir que corrompe el espíritu del CEE por recibir 200.000 € de subvención, es descabellado. De lo que si estoy seguro es que cada uno de esos euros ha sido justificado hasta la extenuación.

*Al igual que al Sr Villar, a mí también me suspendieron en las oposiciones a Profesor de Formación Profesional a pesar de ser Licenciado en Ciencias Físicas y tener varios cursos de postgrado. Rechazo total.

Creo, sin embargo, que el modelo CEE está obsoleto y requiere una nueva definición que se centre en la persona con discapacidad, reconociendo “El Derecho Laboral Consolidado”, ligado a los apoyos concretos que necesita esa persona, como unas determinadas prestaciones que afecten a la persona con independencia de su puesto de trabajo concreto y de la empresa en que esté realizándolo. Este modelo debería actualizar las condiciones vigentes desde 1985 y debería garantizar los plazos en que La Administración competente realiza los pagos que a día de hoy se realizan en Andalucía, con más de 24 meses de demora (Algunos CEE de la provincia de Málaga aún no han cobrado las ayudas <50% SMI> correspondientes a 2017; ningún CEE de esta provincia ha cobrado las ayudas correspondientes a 2018 y las del 2019, se cobrarán a finales del 2020 o 2021…).Estamos hablando de nóminas que se abonaron puntualmente por el CEE de las que el 50% del SMI corresponde a la Administración (Nómina pagada el 30/01/2017 en su totalidad pero el 50% del SMI que tiene que pagar la Administración aún no se ha liquidado).

La clave de este modelo es la persona y sus opciones reales de empleabilidad. La clave no es quien promueve la empresa y si es capaz de ganar dinero o mantenerse con pérdidas. Si hay tramposos, contra tramposos inspección y si hay delincuentes, cuélguense del palo mayor.

Termino con una reflexión general sobre el empleo en personas con discapacidad. Solo habrá una solución real, es decir solo se generarán expectativas reales de empleo para personas con discapacidad si hay una apuesta suficiente por parte de la Administración pública que cree las condiciones necesarias para que el tejido empresarial real de este país perciba un interés real en emplear a personas con discapacidad. Ningún problema real se soluciona legislando su solución explícita, se arregla con interés y presupuesto. No pedimos una ampliación de la reserva de empleo en empresas, por mucho que ampliemos esa reserva y por mucho que sancionemos su incumplimiento, el empresario solo hará lo que le interese y mientras, podremos engañar a las personas con discapacidad intelectual publicando leyes, recomendaciones y normativas.