El Sistema público de atención a
las personas dependientes, debido a su discapacidad, se muere. Se muere por falta
de financiación oficial. El Sistema creado a expensas de entidades sin ánimo de
lucro que ha demostrado, durante más de cincuenta años, su eficacia y
eficiencia en la gestión de los recursos que permiten que las estas personas
tengan la calidad de vida a la que tienen derecho como ciudadanos y que les
garantiza la Ley de Dependencia, se muere porque La Administración no lo
costea.
Comparemos derechos de
ciudadanos:
·
Educación. Todo ciudadano tiene derecho a una
educación obligatoria y gratuita durante el rango de edad establecido. El
recurso que sustenta ese derecho es la escuela, el instituto y el personal
correspondiente. Imagínese que para que los hijos ejercieran su derecho a la
educación, los padres tuvieran que asociarse y construir la escuela a sus
expensas. A partir de ahí, La Administración solo pagara el 75% del coste de
explotación.
·
Sanidad. Imagínese el mismo proceso. Los padres
de asocian, construyen y dotan el hospital, contratan a los médicos y a partir
de ahí La Administración paga el 75% del coste.
·
Dependencia. No hay que imaginarse nada. El
sistema funciona así. Las asociaciones de padres soportan la construcción, el
equipamiento y tienen que asumir el déficit de explotación ocasionado por la
infrafinanciación oficial.
El desenlace es evidente, este
sistema público que libera al Estado de la inversión y cuya gestión privada
ahorra el 75% del gasto (no es una errata), respecto al mismo servicio
gestionado públicamente, se muere a causa de la miseria oficial.
Lo curioso del caso es que esto parece no importarle a nadie, ni siquiera a los propios familiares de las
personas con discapacidad que, con nuestro silencio, somos cómplices de este
disparate.
Volvamos a la comparación
anterior:
¿Permitiría usted el cierre, por
falta de financiación, del colegio al que va su hijo?
¿Permitiría usted el cierre, por
falta de financiación, del hospital donde asisten a su familia?
¿Permitiría usted el cierre, por
falta de financiación del centro donde atienden a su hijo con discapacidad?
La conclusión es evidente: “El
derecho de mi hijo está en riesgo, ¡Que no sea de esta callada manera!”. Es
urgente plantar cara a esta desidia oficial.
Nuestra reacción debe ser
inmediata, rotunda, firme y permanentemente estrepitosa. Nuestras clases
dirigentes que promueven, de callada manera, la muerte del sistema público de
atención a las personas con discapacidad, no podrán soportar hacerlo de
estrepitosa manera.
