ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DESCALABRO ECONÓMICO Y TRAGEDIA SOCIAL.
La atención a personas con
discapacidad, requiere de la prestación de los apoyos individuales que cada
persona necesita para realizar las actividades de la vida diaria. Estos apoyos
se agrupan en varias tipologías realizadas en instalaciones llamadas CENTROS,
los centros principales son de dos tipos: Centros Residenciales CR y Unidades de Estancia
Diurna UED (no pretendemos ser exhaustivos, no por carecer de importancia, sino por
no complicar el razonamiento).
En nuestro país, el modelo social
predominante comprende centros privados, creados a expensas de asociaciones
privadas, que gestionan plazas públicas por el procedimiento de conciertos con
La Administración Autonómica. Se trata de plazas públicas gestionadas por
empresas privadas (Casi en su totalidad sin ánimo de lucro). El derecho a las
prestaciones de cada persona lo establece la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (La mal llamada Ley
de Dependencia), que obliga a la Sociedad en su conjunto y subsidiariamente a
las administraciones públicas competentes, es decir a las administraciones
autonómicas.
La Junta de Andalucía que tiene
la obligación de prestar un servicio soportado por un derecho de la persona, se
encuentra con unos centros financiados por entidades privadas, con lo cual se
ahorra la inversión correspondiente y además, se encuentra con entidades que
gestionan estos servicios con una eficiencia muy superior a la gestión pública
de los escasísimos centros públicos existentes. Este último punto requiere
echar números y para ello baste un ejemplo concreto. Utilizaremos el centro
RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS, aunque las cifras son válidas para
cualquier centro:
Coste atención anual por persona en centro privado ……………………. 27.500
€/Año y persona.
Coste atención anual por persona
en centro público…………………….100.000 €/Año y persona.
Consideremos el caso de un centro
de 50 personas. Con los 5 millones de euros que la administración pública se
gasta en atender a las 50 personas, un centro privado podría atender a 182
personas, o lo que es más llamativo. Con lo que la Administración Pública se
gastaría en atender a 50 personas durante un solo año, una de las privadas, sin
ánimo de lucro de las más de 150 que existen en Andalucía, podría comprar el
solar, construir el centro y atender a las personas durante un año completo en
un centro totalmente nuevo. ¡!!!!!!!!
La JJAA exige a las entidades
prestadoras de servicio unos niveles de calidad bastante elevados e inspecciona
los servicios con indiscutible suficiencia, suficiencia que no aplica a la
asignación de plazas a las personas que lo requieren, ni al reconocimiento del
derecho de las mismas ni mucho menos al pago de los gastos ocasionados en
dichos servicios.
El reconocimiento del derecho a
un recurso (CR o UED) de la persona, requiere de valoración del grado de
dependencia que se demora indefinidamente, se valora de manera arbitraria y una
vez reconocido el derecho, la plaza puede tardar años en adjudicarse. Pero una
vez que se adjudica, se paga muy por debajo del precio real de su coste.
¿Cómo se soporta semejante
disparate? Pues sobre los hombros de la sociedad civil. Las familias asumen
esfuerzos imposibles para cuidar a sus miembros dependientes (esfuerzos
inhumanos que soportan casi en su totalidad las mujeres de cierto rango de
edad) y las entidades prestadoras de servicios, en este momento económicamente
inviables, asumen déficit cada vez mayores que las avocan a una quiebra
inexorable. Cabría pensar que La Administración pública que se ahorra por
completo la inversión y reduce en un 70% el gasto, debería colaborar de buena
gana en el sostenimiento del tinglado, pero inexplicablemente lo maltrata hasta
su desaparición.
¿Qué ocurre en países de
referencia? Pues algo lógico, La Administración crea el recurso (Residencia o
centro de día) a sus expensas, y le cede su gestión a entidades sin ánimo de
lucro como las existentes en nuestro país. Un detalle más, corre con los gastos
a precio de mercado (lo cual no ocurre en nuestro caso), exige calidad e
inspecciona (como también ocurre aquí).
Veamos la situación en cifras:
En 2012, se congeló el coste
plaza aplicado por la JJAA a las plazas concertadas. (Ya entonces había un
déficit significativo acumulado a lo largo de años de congelación o subidas
insuficientes).
En 2016 se hizo un estudio de
costes reales y calidades exigibles cuyo resultado fue que a diciembre de 2015
existía un déficit de un 16% respecto a costes reales. Este estudio fue
reconocido por el anterior gobierno que prometió actualizarlo mediante subidas
del 4% + IPC los años 19, 20, 21 y 22. No se hace referencia a los IPC´s del
16, 17 y 18. Y la promesa de actualización se ha quedado en un incremento del
1,9% a partir de julio de 2018.
Por si fuera poco este déficit
acumulado, 2019 viene con un incremento
de SMI del 22,3% y un nuevo convenio colectivo con una subida de masa salarial
del orden de un 12% lo que tiene una incidencia en el coste plaza de un 9%.
Vaya por delante que todos los que participamos de esta actividad, sin
excepciones, pensamos que es justo y necesario que los trabajadores tengan un
salario digno, por lo que no se cuestionan dichos incrementos. Es solo que no
se pueden pagar con los precios que La Administración paga a las entidades que
prestan el servicio público cuya responsabilidad y titularidad es de la JJAA.
Más cifras: déficit del 16%
+1,6+1,1+1,2 (IPC´s 2016, 2017, 2018) – 1,9 (Aplicado en 2018), resulta un
déficit a día de hoy de 18% respecto a costes reales. Aplicando los incrementos
de enero de 2019 (1,2% SMI y 9% XV Convenio.
Colectivo) nos vamos al 28,2% por debajo de costes.
Apliquemos estas cuentas al
centro de referencia de 50 plazas que cobrando un 16% menos de lo que gasta,
presenta un déficit de 247.500 €/ año. (387.750 €/Año previsto en 2019) ¿Cómo
sobreviven? Pues trampeando amortizaciones (que se las comen) y comiéndose los
ahorros de 40 años de austeridad. ¿Cómo sobreviven las que no han ahorrado en
40 años de austeridad?, generalmente por no tener 40 años de historia. Pues
ésas no sobreviven, dejan de pagar nóminas y cierran. ¿Cuánto tiempo
sobrevivirán las antiguas? Puede que 4, 5, 6 años más. ¿Qué pasará después?
Pues unas 20.000 personas con discapacidad a la calle, unos 10.000 trabajadores
al paro, unos 2.000 voluntarios a su casa y unas 70.000 familias a la calle a
pedir de manera violenta o violentísima lo que de manera civilizada no reciben.
El que no lo vea es que no lo
quiere ver. El que no comprenda que la situación es terminal no sabe nada de
este asunto, y el que espere que esta tragedia se arregle sola, está en la
inopia.
¿Hay solución? Creo que sí,
siempre que se acometa el problema en términos reales, es decir:
- . El problema no es de gasto sino de ingresos.
- Las entidades prestadoras del servicio han demostrado inequívocamente su eficiencia y su calidad.
- . Las personas con discapacidad tienen derecho al recurso óptimo de acuerdo con sus necesidades concretas e individuales.
- . La responsabilidad y titularidad de las plazas es de la JJAA. Es ésta quien tiene que correr con los gastos.
- No se puede imponer un precio por debajo de costes a expensas de tesorería privada y ajena.
¿Hay tiempo? No.
RESUMEN.
- Las personas con discapacidad tienen derecho a prestaciones individualizadas. Básicamente residencias o centros de día, entre otras. (Ley de Dependencia).
- La responsabilidad de estas prestaciones corresponde a la JJAA. Las plazas son públicas (como las plazas escolares).
- Los centros donde se realiza estos servicios pertenecen a entidades privadas. Los recursos son creados con fondos privados en casi su totalidad.
- La gestión de estas plazas es privada. Asociaciones sin ánimo de lucro.
- La JJAA paga un precio muy por debajo del coste real (Hasta un 28% por debajo del precio de mercado).
- La eficiencia en la gestión privada de estos recursos es muy superior a la de los escasos centros públicos. (Eficiencia privada multiplica por 4 la eficiencia publica)
- La JJAA inspecciona y sanciona como si pagara el precio real.
- Las entidades privadas que gestionan plazas públicas están en colapso económico. Todas con déficit insostenible.
- El futuro inmediato, si esta situación no se soluciona.
o
150 asociaciones en quiebra. 540 centros
cerrados.
o
20.000 personas con discapacidad en la calle.
o
10.000 Trabajadores en paro.
o
2. 00 Voluntarios a casa.
o
70.000 Familias abandonadas.
CONCLUSIÓN: DESASTRE ECONÓMICO. TRAGEDIA SOCIAL.
