DISTELECTUAL

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DESCALABRO ECONÓMICO Y TRAGEDIA SOCIAL.

La atención a personas con discapacidad, requiere de la prestación de los apoyos individuales que cada persona necesita para realizar las actividades de la vida diaria. Estos apoyos se agrupan en varias tipologías realizadas en instalaciones llamadas CENTROS, los centros principales son de dos tipos: Centros Residenciales CR y Unidades de Estancia Diurna UED (no pretendemos ser exhaustivos, no por carecer de importancia, sino por no complicar el razonamiento).

En nuestro país, el modelo social predominante comprende centros privados, creados a expensas de asociaciones privadas, que gestionan plazas públicas por el procedimiento de conciertos con La Administración Autonómica. Se trata de plazas públicas gestionadas por empresas privadas (Casi en su totalidad sin ánimo de lucro). El derecho a las prestaciones de cada persona lo establece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (La mal llamada Ley de Dependencia), que obliga a la Sociedad en su conjunto y subsidiariamente a las administraciones públicas competentes, es decir a las administraciones autonómicas.

La Junta de Andalucía que tiene la obligación de prestar un servicio soportado por un derecho de la persona, se encuentra con unos centros financiados por entidades privadas, con lo cual se ahorra la inversión correspondiente y además, se encuentra con entidades que gestionan estos servicios con una eficiencia muy superior a la gestión pública de los escasísimos centros públicos existentes. Este último punto requiere echar números y para ello baste un ejemplo concreto. Utilizaremos el centro RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS, aunque las cifras son válidas para cualquier centro:

Coste atención anual por persona en centro privado ……………………. 27.500 €/Año y persona.

Coste atención anual por persona en centro público…………………….100.000 €/Año y persona.

Consideremos el caso de un centro de 50 personas. Con los 5 millones de euros que la administración pública se gasta en atender a las 50 personas, un centro privado podría atender a 182 personas, o lo que es más llamativo. Con lo que la Administración Pública se gastaría en atender a 50 personas durante un solo año, una de las privadas, sin ánimo de lucro de las más de 150 que existen en Andalucía, podría comprar el solar, construir el centro y atender a las personas durante un año completo en un centro totalmente nuevo. ¡!!!!!!!!

La JJAA exige a las entidades prestadoras de servicio unos niveles de calidad bastante elevados e inspecciona los servicios con indiscutible suficiencia, suficiencia que no aplica a la asignación de plazas a las personas que lo requieren, ni al reconocimiento del derecho de las mismas ni mucho menos al pago de los gastos ocasionados en dichos servicios.

El reconocimiento del derecho a un recurso (CR o UED) de la persona, requiere de valoración del grado de dependencia que se demora indefinidamente, se valora de manera arbitraria y una vez reconocido el derecho, la plaza puede tardar años en adjudicarse. Pero una vez que se adjudica, se paga muy por debajo del precio real de su coste.

¿Cómo se soporta semejante disparate? Pues sobre los hombros de la sociedad civil. Las familias asumen esfuerzos imposibles para cuidar a sus miembros dependientes (esfuerzos inhumanos que soportan casi en su totalidad las mujeres de cierto rango de edad) y las entidades prestadoras de servicios, en este momento económicamente inviables, asumen déficit cada vez mayores que las avocan a una quiebra inexorable. Cabría pensar que La Administración pública que se ahorra por completo la inversión y reduce en un 70% el gasto, debería colaborar de buena gana en el sostenimiento del tinglado, pero inexplicablemente lo maltrata hasta su desaparición.

¿Qué ocurre en países de referencia? Pues algo lógico, La Administración crea el recurso (Residencia o centro de día) a sus expensas, y le cede su gestión a entidades sin ánimo de lucro como las existentes en nuestro país. Un detalle más, corre con los gastos a precio de mercado (lo cual no ocurre en nuestro caso), exige calidad e inspecciona (como también ocurre aquí).

Veamos la situación en cifras:

En 2012, se congeló el coste plaza aplicado por la JJAA a las plazas concertadas. (Ya entonces había un déficit significativo acumulado a lo largo de años de congelación o subidas insuficientes).

En 2016 se hizo un estudio de costes reales y calidades exigibles cuyo resultado fue que a diciembre de 2015 existía un déficit de un 16% respecto a costes reales. Este estudio fue reconocido por el anterior gobierno que prometió actualizarlo mediante subidas del 4% + IPC los años 19, 20, 21 y 22. No se hace referencia a los IPC´s del 16, 17 y 18. Y la promesa de actualización se ha quedado en un incremento del 1,9% a partir de julio de 2018.

Por si fuera poco este déficit acumulado, 2019 viene  con un incremento de SMI del 22,3% y un nuevo convenio colectivo con una subida de masa salarial del orden de un 12% lo que tiene una incidencia en el coste plaza de un 9%. Vaya por delante que todos los que participamos de esta actividad, sin excepciones, pensamos que es justo y necesario que los trabajadores tengan un salario digno, por lo que no se cuestionan dichos incrementos. Es solo que no se pueden pagar con los precios que La Administración paga a las entidades que prestan el servicio público cuya responsabilidad y titularidad es de la JJAA.

Más cifras: déficit del 16% +1,6+1,1+1,2 (IPC´s 2016, 2017, 2018) – 1,9 (Aplicado en 2018), resulta un déficit a día de hoy de 18% respecto a costes reales. Aplicando los incrementos de enero de 2019 (1,2% SMI y 9%  XV Convenio. Colectivo) nos vamos al 28,2% por debajo de costes.

Apliquemos estas cuentas al centro de referencia de 50 plazas que cobrando un 16% menos de lo que gasta, presenta un déficit de 247.500 €/ año.  (387.750 €/Año previsto en 2019) ¿Cómo sobreviven? Pues trampeando amortizaciones (que se las comen) y comiéndose los ahorros de 40 años de austeridad. ¿Cómo sobreviven las que no han ahorrado en 40 años de austeridad?, generalmente por no tener 40 años de historia. Pues ésas no sobreviven, dejan de pagar nóminas y cierran. ¿Cuánto tiempo sobrevivirán las antiguas? Puede que 4, 5, 6 años más. ¿Qué pasará después? Pues unas 20.000 personas con discapacidad a la calle, unos 10.000 trabajadores al paro, unos 2.000 voluntarios a su casa y unas 70.000 familias a la calle a pedir de manera violenta o violentísima lo que de manera civilizada no reciben.

El que no lo vea es que no lo quiere ver. El que no comprenda que la situación es terminal no sabe nada de este asunto, y el que espere que esta tragedia se arregle sola, está en la inopia.

¿Hay solución? Creo que sí, siempre que se acometa el problema en términos reales, es decir:

• .       El problema no es de gasto sino de ingresos.
•    Las entidades prestadoras del servicio han demostrado inequívocamente su eficiencia y su calidad.
• .       Las personas con discapacidad tienen derecho al recurso óptimo de acuerdo con sus necesidades concretas e individuales.

• .       La responsabilidad y titularidad de las plazas es de la JJAA. Es ésta quien tiene que correr con los gastos.

•      No se puede imponer un precio por debajo de costes a expensas de tesorería privada y ajena.

¿Hay tiempo? No.

RESUMEN.

•      Las personas con discapacidad tienen derecho a prestaciones individualizadas. Básicamente residencias o centros de día, entre otras. (Ley de Dependencia).
•          La responsabilidad de estas prestaciones corresponde a la JJAA. Las plazas son públicas (como las plazas escolares).
•          Los centros donde se realiza estos servicios pertenecen a entidades privadas. Los recursos son creados con fondos privados en casi su totalidad.
•          La gestión de estas plazas es privada. Asociaciones sin ánimo de lucro.
•        La JJAA paga un precio muy por debajo del coste real (Hasta un 28% por debajo del precio de mercado).
•         La eficiencia en la gestión privada de estos recursos es muy superior a la de los escasos centros públicos. (Eficiencia privada multiplica por 4 la eficiencia publica)
•          La JJAA inspecciona y sanciona como si pagara el precio real.
•      Las entidades privadas que gestionan plazas públicas están en colapso económico. Todas con déficit insostenible.
•          El futuro inmediato, si esta situación no se soluciona.

o   150 asociaciones en quiebra. 540 centros cerrados.

o   20.000 personas con discapacidad en la calle.

o   10.000 Trabajadores en paro.

o   2. 00 Voluntarios a casa.

o   70.000 Familias abandonadas.

CONCLUSIÓN: DESASTRE ECONÓMICO. TRAGEDIA SOCIAL.