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viernes, 8 de abril de 2011

Auto determinación y discapacidad intelectual

Éste es un asunto que despierta bastante interés en el entorno de la discapacidad intelectual, es objeto de infinitos debates donde conceptos como "Libertad" y "Protección", representan los extremos de una línea donde todos los puntos intermedios tienen acalorados defensores.
A este respecto tengo que anticipar que me sitúo en el extremo de los extremistas en favor de la LIBERTAD. Intentaré aclarar mi postura desde un punto de vista lo más normalizado posible.
Todos nosotros con discapacidad o sin ella, admitimos que tenemos derecho a manifestar nuestra opinión sobre los temas que nos atañen, damos nuestra opinión y pretendemos que ésta sea tenida en cuenta. Con cierta frecuencia, somos consultados en asuntos de mayor o menor trascendencia: Nos preguntan quién queremos que sea nuestro alcalde, nuestro presidente o nos consultan si en el Plan Energético debe haber sitio para la energía nuclear, etc.
Entre los consultados, no cabe duda de que unos están más preparados que otros pero todos tenemos nuestra opinión. Admitamos que para tener una opinión sobre la conveniencia o no de la energía nuclear, sería útil tener ciertos conocimientos sobre isótopos  radioactivos, por que el plutonio es peor que el uranio, basuras nucleares, tiempos de vida media, etc.. , del mismo modo que resultaría útil en el momento de participar en unas elecciones, conocer personalmente al candidato, tener un estudio comparado de los programas políticos, haber leído las tesis sobre las que sustentan su ideología política y bastantes cosas más.
  Imagínese usted que de una forma natural y consensuada se aceptara que usted no puede votar porque no tiene los conocimientos necesarios o simplemente la sociedad piensa que con sus conocimientos sobre el asunto a votar no hay garantías de que su voto sea por la mejor opción. Por el contrario, el derecho a voto queda restringido a aquellas personas que estén en posesión de los conocimientos y habilidades que les homologan para elegir con su voto la opción acertada. Sin duda, solo el planteamiento anterior ya es inaudito, la realidad es que el derecho de la persona es de rango superior a cualquier consideración sobre su capacidad.
Ahora imagínese usted que a una persona con discapacidad intelectual se le priva del derecho a tomar sus propias decisiones porque su entorno piensa que no está preparado para escoger la mejor opción...
La conclusión que yo saco es elemental de puro obvio: Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, toda persona necesita que le expliquen determinadas situaciones, unas más que otras.
Las personas no necesitan que alguien tome sus decisiones, solo necesitan que alguien se las explique.