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lunes, 30 de diciembre de 2013

2013 UN AÑO PARA RECORDAR.

Termina un mal año para la discapacidad y peor para la discapacidad intelectual. Durante este año, casi todos los actores con algún papel importante en este asunto hemos llevado nuestra incapacidad o incompetencia a niveles de excelencia. Entre todos hemos consentido que los derechos de las personas con discapacidad retrocedan varias décadas y lo que es mucho peor, las perspectivas inmediatas son nefastas.

La fatal circunstancia de que las personas con discapacidad intelectual necesiten de otras para que las representen, no es del todo ajena al deterioro de su situación, pues es ésta la causa de que se persigan objetivos distintos a la calidad de vida de las personas representadas. Intentaré explicar este asunto para aquellas personas que desde fuera no lo perciban claramente.

Aclaremos el tema:

1º) Estamos recogiendo los resultados de habernos empeñado en incluir a las personas con discapacidad intelectual en la Ley de Dependencia. Esta Ley se diseñó y desarrolló para ancianos que no pudieran valerse por si mismos y contempla apoyos para conseguir un mínimo de dignidad para estas personas en su etapa final. Lo que, desde el entorno de la discapacidad intelectual, vivimos como una victoria, está muy lejos de serlo. Aquella ley que se gestó con el nombre de “Dependencia”, no se transforma solo con un cambio de nombre, añadirle “Promoción de la autonomía personal”, no altera su espíritu. Esta ley sigue siendo una herramienta de cuidado y no de estímulo, útil por tanto para quien llega a un nivel de deterioro importante pero no para quien requiere que se estimule su autonomía.

Hemos visto lo fácil que resulta usurpar el derecho de los ciudadanos con discapacidad intelectual, simplemente actuando sobre el baremo de dependencia. Con solo unas preguntas básicas, declararemos independiente a quien puede abrir una botella, vestirse, comer y lavarse aunque no sepa que botella abrir, que ropa ponerse, cuando comer o donde lavarse. Y lo que es mucho más grave, sin preguntarle siquiera que quiere hacer con su vida. No resulta tan disparatado cuando se trata de un anciano que ya no puede lavarse o comer, pero es un disparate cuando se trata de una persona de 20 años con discapacidad intelectual, donde la evidencia nos dice que mejoran con la debida atención y tienen derecho a crecer como persona.

2º) También hemos visto lo miserable que puede llegar a ser La Administración y lo poco que le importan las personas con discapacidad. Ha cerrado la ventanilla de La Dependencia. No se ha concertado ni una sola plaza, no se ha asignado ni un solo recurso en Andalucía desde hace tres años, salvo aquellas que lo han sido por orden judicial (faltaría más). Esta maniobra condena a las personas con discapacidad intelectual a permanecer en sus casas sin la atención a la que tienen el derecho que les otorga la ley, que a su vez obliga a La Administración.

Son personas con discapacidad intelectual que terminan su periodo de educación obligatoria y que acto seguido desaparecen de la sociedad. Imaginemos que se cierra por tres años la ventanilla del Registro Civil, La Administración se evitaría generar recursos para los nacidos en ese periodo (Pediatras, guarderías, escuelas...), simplemente, esos niños no existirían y por tanto no tendrían derecho a nada, con el importante ahorro para las arcas del Estado autonómico.

3º) CERMI Vs FEAPS. El movimiento asociativo pro discapacidad intelectual, ha visto desplomarse su federación FEAPS Andalucía. El crecimiento desmesurado de la estructura federativa, nos ha colocado en una situación en la que solo éramos capaces de autofinanciarnos en un 10%, necesitando no solo de financiación específica para el funcionamiento (del orden de 700.000€/año en los últimos años solo para que giren los engranajes y que por tanto no se destinan a atención directa a las personas), sino lo que es más grave, asumiendo que cualquier estratagema es válida para la financiación de nuestra estructura, confundiendo programas de empleo y formación con recursos humanos directamente.

Se solicita subvención de mantenimiento a La Administración autonómica y se aceptan programas de formación y empleo cuyas cifras objetivo no incluyen resultados concretos sobre contratos a personas con discapacidad sino que el propio programa se traduce en recursos humanos ex profeso, es decir número de técnicos contratados para ejecutarlo.

El auténtico desplome de la organización se ha producido sin necesidad  de cortar la subvención de mantenimiento (amenaza usada con suficiente frecuencia), solo ha habido que suspender programas de formación y empleo y la organización no ha podido librarse del personal adscrito a dichos programas que sorprendentemente eran fijos en plantilla. Curioso paralelismo con la financiación sindical destapada en Andalucía.

Con esta sencilla estratagema, La Administración mete la discapacidad intelectual en el redil del CERMI, entidad debidamente paniaguada por la misma Administración y por tanto, interlocutor más deseable en lo que a la cosa de la reivindicación se refiere.

4º) Reivindicación Vs. Negocio. Vendría bien que el movimiento asociativo se tomara un tiempo de reflexión sobre este tema.

Las asociaciones que constituyen el movimiento asociativo pro discapacidad intelectual, son, fundamentalmente entidades prestadoras de servicios a personas con discapacidad intelectual financiadas por La Administración autonómica, titular de las competencias en materia social. No fue éste, sin embargo, el origen de dichas asociaciones que se constituyeron, en su día como entidades de reivindicación a favor de  las personas a las que representaban.

Con el paso del tiempo, la prestación de servicios y con ello las complicaciones propias del negocio: Empleados, patrimonio, nóminas, ingresos, gastos, gestión... han crecido y representan el núcleo duro de la actividad de las asociaciones, relegando la actividad propiamente asociativa a un lugar testimonial. Es habitual que directivos sin conocimientos, competencia, oficio ni responsabilidades reales en la gestión de los recursos de la asociación, desempeñen papeles de gestión pura y sean gerentes de facto.

La evolución mencionada ha convertido la reivindicación en una serie de tibias declaraciones sin la más mínima repercusión social cuando no son directamente manipuladas por la clase política dominante.

En nuestra opinión, la actividad asociativa propiamente dicha, debe diferenciarse claramente desde todos los puntos de vista de lo que es puramente negocio ya que el apellido “sin ánimo de lucro” no altera lo que es un negocio en si mismo con criterios puramente empresariales: Ingresos, gastos, calidad, clientes, proveedores..... Claro que... es fácil aglutinar padres en torno al centro donde está su hijo pero sin embargo es muy difícil aglutinar a esos mismos padres en torno a una idea abstracta de bien común, sociedad justa y derechos de personas que no conoce. Las raíces de Asociación y Sociedad Limitada, entran en conflicto sutil.

Harían bien nuestras asociaciones en no descuidar lo fundamental a favor de lo importante, máxime cuando todos los papeles están ya inventados. Dirijan los dirigentes y gestionen los gestores. Dirigir a los gestores no es gestionar, dirigir requiere no solo conseguir que todos los miembros del equipo funciones y hagan su trabajo con eficacia. Los dirigentes también tienen trabajo, deberían concentrarse en hacerlo en lugar de hacer el de los gestores. Un ejemplo claro: una reivindicación eficaz y efectiva.

Recordemos este año 2013... para no repetir....
Brindemos por un 2014 cargado de desafíos.





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