CONFLICTO MES DE AGOSTO… La
última tropelía de la Junta de Andalucía hacia la discapacidad.
La Administración andaluza sigue
recortando a quien considera más débil. Lamentablemente es un proceso
permanente con el que pretenden ir eliminando un sector de ámbito social que
presta un servicio público de vital importancia, en favor, y ojalá me
equivoque, de un sector privado puro donde el beneficio sea el único argumento.
Intentaré explicar la situación
de la manera más concisa posible.
Los centros de atención a
personas con discapacidad, funcionan en régimen de “CONCIERTOS” con La ADMINISTRACIÓN
(JUNTA DE ANDALUCÍA). Este concierto es un contrato mediante el cual, La ADMINISTRACIÓN
que es la responsable del servicio, paga una cantidad estipulada a empresas privadas
(Asociaciones sin ánimo de lucro en su gran mayoría) para que presten el
servicio al que tienen derecho las personas con discapacidad en virtud de la
Ley de Autonomía Personal.
Uno de los servicios sujetos a
este modelo de CONCIERTO, es Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional.
Este centro presta el servicio adecuándose a las normas y reglas de calidad
exigidas por La ADMINISTRACION. El modelo de CONCIERTO está vigente desde el
año 1996. Desde entonces, los precios y los requerimientos del servicio han ido
evolucionando por dos líneas independientes y divergentes. (Con frustrantes
intentos, por parte de las entidades prestadoras del servicio, por negociar
unos precios razonables y acordes con los precios de mercado). La
ADMINISTRACION ha ido fijando precios según el criterio presupuestario, es
decir: “Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas”(O firmas, o te quedas fuera
del sistema público); a la vez que iba añadiendo condicionamientos sobre
servicio y calidad sin considerar su efecto en los costes reales.
La situación, que tendría
detalles y anécdotas para llenar cientos de hojas, se reduce a:
Coste actual del servicio reclamado por el prestador de
servicio 767,56 €/persona y mes.
Precio pagado por La Junta de
Andalucía……………………… 667,72 €/persona y mes.
Ahorraré detalles sobre cómo las
entidades sobreviven cobrando menos de lo que gastan, pero sobre todo, lo hacen
realizando ejercicios de miseria, no ya de austeridad y comiéndose su
patrimonio, es decir gastando las amortizaciones contables en el día a día
además de otras diversas maniobras que, a la postre, dejan lo que es un derecho
de la persona con discapacidad, al albur de inciertas gestiones de buena
voluntad de terceros.
Ahora viene la última tropelía de
la Administración Andaluza. El CONCIERTO vigente ha venido incluyendo un mes de
vacaciones. Durante el mes de agosto, personal y usuarios disfrutan sus
merecidas vacaciones. La Entidad da cumplimiento al convenio colectivo que
marca las horas de trabajo efectivo y los usuarios pasan un tiempo en su casa
de manera similar a lo que ocurre en el ámbito de la educación, donde se
respeta el periodo vacacional.
La maniobra de la JUNTA de
ANDALUCÍA es “Si el centro cierra por vacaciones, ese mes no se paga”. El cómo
se hace esta maniobra lleva implícita la premeditación y la alevosía. Se
empieza poniendo a las entidades un contrato en el que se exige abrir en
agosto, bajo la argumentación potente de normativas de Europa y recomendaciones
de obligado cumplimiento, a la vez que se proclama de manera rotunda que no hay
que preocuparse puesto que se tiene la voluntad de pagar las 12 mensualidades y
se está buscando un método para hacerlo a pesar del contrato firmado.
(Cualquier desconfianza de las entidades, queda procesada de acuerdo con el
procedimiento de “lista negra” y “arrieritos somos”). La cosa funciona durante
un par de años a trancas y barrancas, hasta este año en que: “si has cerrado
agosto, no cobras”. La excusa es de manual del Inútil e incompetente (La
Aplicación no lo permite y además sería ilegal y por tanto PREVARICACIÓN). Aún
hay más “Si no facturas agosto a cero euros, tampoco cobrarás septiembre, ni
octubre, ni….”
Las protestas que esto genera en
las entidades perjudicadas son procesadas en modo “callada oficial por respuesta”
y alguna ambigua declaración de intenciones positivas con el objetivo evidente
de que el perjudicado se dé por vencido y asuma un nuevo RECORTE, ”otro más”,
sin protestar.
La realidad es tan clara que el
mero hecho de no entrar en la discusión declara la mala voluntad de la parte
contratante de la primera parte.
1º) El servicio prestado de
acuerdo con las especificaciones que exige el pagador, vale 767,56 €/mes.
(9.210,72 €/año). Las entidades están cobrando 667,72 €/mes. (8.012,64 €/año).
2º) Si el servicio no incluye el
mes de vacaciones y requiere abrir 12 meses, el precio se incrementa en 767,56
€ (9.978,28 €/año). Las entidades facturarían a precio oficial de hoy 667,72 €
más (8.680,76 €/año).
3º) No hace falta meter a los
abogados a buscar entresijos legales para pagar un coste real, SOLO HAY QUE
ADECUAR EL PAGO AL COSTE. Es irrelevante si pagan de una vez o lo hacen en 11 o
12 plazos. Es un tema de ética y honestidad, no es un problema legal. Es
puramente económico. No se trata de argumentar si el derecho de la persona es
de 11 o 12 meses. La cuestión es si La ADMINISTRACIÓN lo paga o no lo paga.
4º) Ante la desconfianza
generada, algunas entidades han abierto el mes de agosto con lo que asumen un
mes más de gasto ya que el convenio exige las vacaciones del personal (Todo el
personal cobra 12 meses pero trabaja 11, hay que contratar personal para otro
mes). Es decir: Presumiblemente cobrarán 12 meses de 13, frente a los que no
abrieron que cobrarán 11 meses de 12.
5º) Todo este tinglado se reduce
a escamotear a las entidades un 8,3% (Si han cerrado agosto) y un 7,7% (si han
abierto agosto). Cualquier argumentación al respecto por parte de la JUNTA de
ANDALUCÍA, es una ofensa a la inteligencia, un atentado a las entidades
prestadoras de servicio (que ya están en déficit) y lo peor, otro RECORTE a los
derechos y dignidad de las personas con discapacidad.
6º) Semejante tropelía se la
hacen a quien suponen incapaz de defender lo suyo. En este caso sería aún más
grave, ya que las entidades no solo defienden lo suyo sino que están
defendiendo la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.
Nadie, en su sano juicio que haya
leído hasta aquí pensará que el sector de la discapacidad sea capaz de asumir
esta situación sin llevar su protesta al nivel que sea preciso. Esta tropelía
es una más y de llevarse a término por parte de La Junta de Andalucía,
marcará el futuro de La Discapacidad. Cualquier cosa que seamos capaces de
negociar en el futuro quedará lastrado por esta rémora. Las personas que
tenemos alguna responsabilidad en el movimiento asociativo, no podemos
consentirlo. ¡No lo vamos a consentir!
