2013 UN AÑO PARA RECORDAR.
Termina un mal año para la
discapacidad y peor para la discapacidad intelectual. Durante este año, casi
todos los actores con algún papel importante en este asunto hemos llevado
nuestra incapacidad o incompetencia a niveles de excelencia. Entre todos hemos
consentido que los derechos de las personas con discapacidad retrocedan varias
décadas y lo que es mucho peor, las perspectivas inmediatas son nefastas.
La fatal circunstancia de que las
personas con discapacidad intelectual necesiten de otras para que las
representen, no es del todo ajena al deterioro de su situación, pues es ésta la
causa de que se persigan objetivos distintos a la calidad de vida de las
personas representadas. Intentaré explicar este asunto para aquellas personas
que desde fuera no lo perciban claramente.
Aclaremos el tema:
1º) Estamos recogiendo los
resultados de habernos empeñado en incluir a las personas con discapacidad
intelectual en la Ley de Dependencia. Esta Ley se diseñó y desarrolló para
ancianos que no pudieran valerse por si mismos y contempla apoyos para
conseguir un mínimo de dignidad para estas personas en su etapa final. Lo que,
desde el entorno de la discapacidad intelectual, vivimos como una victoria,
está muy lejos de serlo. Aquella ley que se gestó con el nombre de
“Dependencia”, no se transforma solo con un cambio de nombre, añadirle
“Promoción de la autonomía personal”, no altera su espíritu. Esta ley sigue
siendo una herramienta de cuidado y no de estímulo, útil por tanto para quien llega
a un nivel de deterioro importante pero no para quien requiere que se estimule
su autonomía.
Hemos visto lo fácil que resulta
usurpar el derecho de los ciudadanos con discapacidad intelectual, simplemente
actuando sobre el baremo de dependencia. Con solo unas preguntas básicas,
declararemos independiente a quien puede abrir una botella, vestirse, comer y
lavarse aunque no sepa que botella abrir, que ropa ponerse, cuando comer o
donde lavarse. Y lo que es mucho más grave, sin preguntarle siquiera que quiere
hacer con su vida. No resulta tan disparatado cuando se trata de un anciano que
ya no puede lavarse o comer, pero es un disparate cuando se trata de una
persona de 20 años con discapacidad intelectual, donde la evidencia nos dice
que mejoran con la debida atención y tienen derecho a crecer como persona.
2º) También hemos visto lo
miserable que puede llegar a ser La Administración y lo poco que le importan
las personas con discapacidad. Ha cerrado la ventanilla de La Dependencia. No
se ha concertado ni una sola plaza, no se ha asignado ni un solo recurso en
Andalucía desde hace tres años, salvo aquellas que lo han sido por orden
judicial (faltaría más). Esta maniobra condena a las personas con discapacidad
intelectual a permanecer en sus casas sin la atención a la que tienen el
derecho que les otorga la ley, que a su vez obliga a La Administración.
Son personas con discapacidad
intelectual que terminan su periodo de educación obligatoria y que acto seguido
desaparecen de la sociedad. Imaginemos que se cierra por tres años la
ventanilla del Registro Civil, La Administración se evitaría generar recursos
para los nacidos en ese periodo (Pediatras, guarderías, escuelas...),
simplemente, esos niños no existirían y por tanto no tendrían derecho a nada,
con el importante ahorro para las arcas del Estado autonómico.
3º) CERMI Vs FEAPS. El
movimiento asociativo pro discapacidad intelectual, ha visto desplomarse su
federación FEAPS Andalucía. El crecimiento desmesurado de la estructura
federativa, nos ha colocado en una situación en la que solo éramos capaces de
autofinanciarnos en un 10%, necesitando no solo de financiación específica para
el funcionamiento (del orden de 700.000€/año en los últimos años solo para que
giren los engranajes y que por tanto no se destinan a atención directa a las
personas), sino lo que es más grave, asumiendo que cualquier estratagema es
válida para la financiación de nuestra estructura, confundiendo programas de
empleo y formación con recursos humanos directamente.
Se solicita subvención de
mantenimiento a La Administración autonómica y se aceptan programas de
formación y empleo cuyas cifras objetivo no incluyen resultados concretos sobre
contratos a personas con discapacidad sino que el propio programa se traduce en
recursos humanos ex profeso, es decir número de técnicos contratados para
ejecutarlo.
El auténtico desplome de la
organización se ha producido sin necesidad
de cortar la subvención de mantenimiento (amenaza usada con suficiente
frecuencia), solo ha habido que suspender programas de formación y empleo y la
organización no ha podido librarse del personal adscrito a dichos programas que
sorprendentemente eran fijos en plantilla. Curioso paralelismo con la
financiación sindical destapada en Andalucía.
Con esta sencilla estratagema, La
Administración mete la discapacidad intelectual en el redil del CERMI, entidad
debidamente paniaguada por la misma Administración y por tanto, interlocutor
más deseable en lo que a la cosa de la reivindicación se refiere.
4º) Reivindicación Vs. Negocio.
Vendría bien que el movimiento asociativo se tomara un tiempo de reflexión
sobre este tema.
Las asociaciones que constituyen
el movimiento asociativo pro discapacidad intelectual, son, fundamentalmente
entidades prestadoras de servicios a personas con discapacidad intelectual
financiadas por La Administración autonómica, titular de las competencias en
materia social. No fue éste, sin embargo, el origen de dichas asociaciones que
se constituyeron, en su día como entidades de reivindicación a favor de las personas a las que representaban.
Con el paso del tiempo, la
prestación de servicios y con ello las complicaciones propias del negocio:
Empleados, patrimonio, nóminas, ingresos, gastos, gestión... han crecido y
representan el núcleo duro de la actividad de las asociaciones, relegando la
actividad propiamente asociativa a un lugar testimonial. Es habitual que
directivos sin conocimientos, competencia, oficio ni responsabilidades reales
en la gestión de los recursos de la asociación, desempeñen papeles de gestión
pura y sean gerentes de facto.
La evolución mencionada ha
convertido la reivindicación en una serie de tibias declaraciones sin la más
mínima repercusión social cuando no son directamente manipuladas por la clase
política dominante.
En nuestra opinión, la actividad asociativa propiamente
dicha, debe diferenciarse claramente desde todos los puntos de vista de lo que
es puramente negocio ya que el apellido “sin ánimo de lucro” no altera lo que
es un negocio en si mismo con criterios puramente empresariales: Ingresos,
gastos, calidad, clientes, proveedores..... Claro que... es fácil aglutinar
padres en torno al centro donde está su hijo pero sin embargo es muy difícil
aglutinar a esos mismos padres en torno a una idea abstracta de bien común, sociedad
justa y derechos de personas que no conoce. Las raíces de Asociación y Sociedad
Limitada, entran en conflicto sutil.
Harían bien nuestras asociaciones
en no descuidar lo fundamental a favor de lo importante, máxime cuando todos
los papeles están ya inventados. Dirijan los dirigentes y gestionen los
gestores. Dirigir a los gestores no es gestionar, dirigir requiere no solo
conseguir que todos los miembros del equipo funciones y hagan su trabajo con
eficacia. Los dirigentes también tienen trabajo, deberían concentrarse en
hacerlo en lugar de hacer el de los gestores. Un ejemplo claro: una
reivindicación eficaz y efectiva.
Recordemos este año 2013... para
no repetir....
Brindemos por un 2014 cargado de
desafíos.
